Homicidio "criminis causae" y Robo con Homicidio - Diferencias

LA DISTINCION ENTRE EL ROBO CON HOMICIDIO Y EL HOMICIDIO “CRIMINIS CAUSA”.

 

 Por Alexis L. Simaz

Ya en el año 1940 la SCJBA en el caso “Ruiz y Ayala” [1]había clarificado suficientemente la cuestión, realizando un adecuada crítica a la interpretación histórica de los antecedentes del art. 165, al indicar que interpretar esta norma conforme al proyecto de 1891 es un error, ya que dicho proyecto correspondía a una orientación propia y peculiar que fue desechada por el legislador argentino. De esta forma -expresaba el Alegre-, con dicho proyecto el legislador se apartaba de su antecedente argentino (art. 187 inc.1º del  Código Penal de 1886) y extranjero (art. 425 inc.1º del Código Penal español de 1848).

Es que el proyecto de 1891 regulaba una pena relativamente más benigna que el Código Penal de 1886, ya que si bien mantenía la definición legal del delito, cambiaba el criterio en cuanto a la gravedad relativa de las penas, pues establecía una sanción inferior para el robo con homicidio (3 a 15 años) y una sanción superior para el caso del homicidio simple (10 a 25 años), de lo cual se infería que el delito complejo se integraba con un robo y un homicidio culposo o preterintencional, pues de los contrario se veía beneficiado con la penalidad quien cometía un homicidio simple con motivo u ocasión de robo, que aquél que únicamente cometía un homicidio simple.

Por otra parte, esta es la interpretación que se imponía de la propia exposición de motivos del Proyecto de 1891 donde textualmente se expresaba que: “El caso más grave de los enunciados en el artículo es, sin duda alguna, el del número primero, si con  motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Se refiere la disposición al caso de que el homicidio fuese un resultado accidental del robo; no al caso de que el homicidio fuese un medio de consumar el robo, o de prepararlo u ocultarlo, o de asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para los cooperadores, o por no haberse obtenido el resultado propuesto, pues, para estos casos, la disposición clara y terminante que introducimos en el número 4º del artículo 111, removiendo, así, toda duda que pudiera suscitarse, establece la pena de presidio perpetuo. Referida la disposición a un caso accidental, es en justicia necesario despojar a la pena de su actual dureza e inflexibilidad, dándole toda la extensión requerida para que se atienda a toda las circunstancias que medien en lo que la ley no puede prever con precisión. Si estas razones valen para el caso más grave, no hay porque insistir en cuanto los otros dos”.

Pero en el año 1903, la ley de reformas nº 4189 -que seguía en líneas generales el proyecto de 1891-, no sólo no legisló sobre este delito, sino que abrogó el art. 187 del Código de 1886 que establecía dicho delito. Por su parte, el proyecto de 1906 dispuso una penalidad idéntica (10 a 25 años) tanto para el homicidio simple (art. 83) como para el homicidio con motivo u ocasión de robo (art. 180). Y, en fin, el proyecto de 1917 -que se inspiró en el de 1906-, repitió textualmente ambas disposiciones, pero diminuyó en dos años el mínimo de la pena para el homicidio simple.

Todo esto demuestra -como magistralmente lo explica Alegre- que el criterio de “accidentalidad” empleado por los proyectistas de 1891 fue desechado por nuestro legislador; por lo menos como lo interpretan algunos autores en el sentido de entenderlo como sinónimo de un homicidio causal o involuntario; por lo que debe interpretarse simplemente como un hecho no previsto.

Esta línea interpretativa iniciada por Alegre fue por el Malbrán en  la causa “Mitolo”,[2] donde adhirió a un criterio intermedio, distinguiendo dos soluciones: a.) si el homicidio es preordenado al robo y se comete como medio del evento de lucro corresponde aplicar el tipo del art. 80 inc.7º; y b.) si la muerte es un resultado previsible pero eventual que no ha entrado en los planes del autor del robo, debe reprimirse conforme el art. 165.

Este criterio fue compartido por Fontán Balestra (1969b:548),  quien propugnó una interpretación sistemática. También parece ser apoyado por el Millán en un precedente del mismo órgano jurisdiccional del año 1959 “Amarillo”.[3] No obstante, dos años más tarde en “Lavandaio”[4] el mismo magistrado sostuvo una postura abarcativa de todo tipo de homicidio.

En sintonía con lo expuesto por el Alegre se encuentra el precedente “Lara”[5] fallado en primera instancia por el González Millán. El mentado juez expresó allí que si hacemos un examen general del catálogo de penas que establece nuestro código, esto nos demuestra que en todos los casos en que el legislador ha creado figuras complejas ha tenido en cuenta las reglas del concurso material de delitos, véase como ejemplo el art. 166 inc. 1º con relación al monto resultante en caso de concurso real, o el caso de violación con relación a la misma figura seguida de muerte que establece el art. 124. Esto lleva a considerar a su vez que en el caso del art. 165 lo que el legislador ha querido es ampliar el mínimo de la pena con respecto al homicidio simple en dos años, ya que en lo que respecta al máximo la misma no puede superar los 25 años porque es divisible.[6]

Lo expuesto permite concluir que el art. 165 contempla únicamente el caso del homicidio doloso del art. 79, sea con dolo directo, indirecto o eventual; quedando el dolo directo más el elemento subjetivo adicional para el caso del art. 80 inc. 7º.[7]

Por otra parte, más allá de los argumentos relativos a la proporcionalidad de las penales, en el caso de la inclusión del homicidio culposo tendríamos un obstáculo adicional, pues la ley penal utiliza en todos los delitos culposos una terminología precisa: negligencia, imprudencia, impericia en su arte  o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo (ver arts. 84, 94, 177, 189, 196, 203, 223, 254, 255, 262 y 281 del C.P.).

Respecto del art. 80 inc. 7º no es necesario que el homicidio sea cometido de forma reflexiva, premeditada, deliberada y resuelta de antemano; esto no es exigido por la ley, la misma sólo requiere que se dé una relación subjetiva, esto es, que el homicidio se cometa “para” o “por” algunos de los motivos que el tipo establece. Es muy claro Núñez  cuando expresa que: "...No es necesaria, sin embargo, una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano. La ley sólo exige que, en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin delictuoso o la malquerencia producida por el desengaño sufrido en su anterior empeño delictuoso, funcionen como motivo específicamente determinantes del homicidio. Esto no requiere, indefectiblemente, premeditación o reflexión, sino sólo decisión, la que puede producirse incluso de improviso en la ejecución del hecho mismo... entre las tres formas hay una relación de más a menos: la preordenación ha sido premeditada si el designio de matar con el fin delictivo o de matar por despecho delictivo fue concedido de antemano fríamente y seriamente ejecutado. La preordenarción ha sido reflexiva si antes o durante la ejecución del homicidio ha sido resuelta mediante una consideración detenida aunque no fría. La preordenación ha sido, finalmente, simplemente resueltas cuando el autor, sin deliberación alguna, se ha determinado a matar para o por uno de los motivos señalados en la ley...".[8]

Puede pensarse en el caso de un individuo que va a asaltar un banco en la creencia que como está cerrado no se encuentra nadie en el mismo, pero al ingresar y dirigirse a la caja fuerte para sustraer el dinero existente se encuentra con un custodio, frente a esta situación el sujeto decide matar a la persona para poder concretar el robo, estamos en presencia de un homicidio “criminis causa”, pese a no haber una acción reflexiva o resuelta de antemano.

En síntesis, en el art. 165 si bien la muerte debe causarse con dolo (directo, indirecto o eventual) la misma no es prevista ab initio o, mejor dicho, no es preordenada al robo, como dice Soler la acción tiende objetiva y subjetivamente al robo. En cambio, en el homicidio criminis causa el elemento subjetivo que acompaña el dolo requiere que la muerte sea un medio para cometer el robo, asegurar sus resultados o procurar la impunidad del mismo.

Esta tesitura que es tributaria de la confluencia de ideas de Núñez y Fontán Balestra, ha sido puesta en tela de juicio recientemente por Villar quien argumenta que agregar incidentalidad o preordenación es hacer decir a la ley penal aquello que no dice. Esto es a su entender simplemente dolo directo. Según el autor la palabra “preordenar” no existe en el diccionario y lo que más se acerca es preordinar, que nada tiene que ver con lo que se quiere expresar.[9]

De acuerdo a ello como la palabra “preordenar” no se encuentra en el diccionario (supongo que el de la Real Academia española, ya que el autor no lo especifica) la distinción deviene errónea.

Muchas palabras que solemos usar habitualmente no las encontramos en el diccionario[10] como: “refiriéndose”, “generaría”, “debería”, por sólo mencionar tres de las que el propio autor utiliza en su trabajo. Diminutivos, aumentativos, verbos con sus distintas conjugaciones y otras tantas palabras no se encuentran en ningún diccionario.  Sin embargo, no me animaría a decir que por ello no existen.

Esto pasa por una elemental y sencilla razón: hay menos palabras que cosas o acciones a designar. Paralelamente lenguajes técnicos especiales van creando sus propios términos y conceptos con los que suelen convivir y manejarse habitualmente sin problemas. Tal es el caso de los juristas (los médicos, psiquiatras, ingenieros, psicólogos entre otros) quienes nos manejamos con conceptos como antijuridicidad, prohibición de regreso, tipo objetivo, error de de prohibición y otros tantos términos  que “no existen” en el diccionario o que “existen”, pero tienen un significado totalmente distinto del que queremos expresar. Naturalmente que si nos referimos a un uso técnico del lenguaje, apartándonos deliberadamente del uso vulgar, correremos con la carga de explicar en qué sentido lo usamos. A su vez, las palabras léxicas que empleamos en nuestros mensajes no son rígidas e inmutables, las podemos ir cambiando de forma añadiendo a la palabra original alguna sílaba delante (prefijo) o alguna terminación (sufijo) o ambos apéndices a la vez.[11] 

Justamente, el caso que nos ocupa la palabra preordernar se construye con la partícula pre (prefijo) que significa “anterioridad o prioridad”, a la que se agrega un verbo o sustantivo, en el caso “ordenar” que significa conforme la tercera acepción del diccionario de la Real Academia española citado: “Encaminar y dirigir a un fin”, de modo que el significado que le he asignado no sólo “existe” sino que es suficientemente preciso para lo que se quiere expresar. 

 

 

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[1] Suprema corte Buenos Aires, noviembre 14-940.- Ruiz y Ayala, Mario. SCBA, 17-VI-481-JA, 73-65.

 

[2] Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, sent. del 12/12/1947, La Ley,  t. 50, ps.10 y ss.

[3] Sent. del La Ley  t.98, ps. 324 y ss.

[4] La Ley, t.103, p. 767.

[5] JA, t. 1958 –II, ps.51 y ss.

[6] Debe recordarse que a dicha fecha no se había modificado el art. 55 que permite ahora imponer una pena mayor.

[7] Cfr. especialmente del trabajo de los profesores DONNA Y GOERNER, “Una nueva aportación para la interpretación del art.165 del Código Penal y el respeto al principio de culpabilidad”, La Ley, 1992-A, Sección doctrina, ps.832/8. Ver también lo que expone MARUM, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, David Baigun y Eugenio Raúl Zaffaroni (Dir.), Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. VI, p. 233. Comparten esta esta tesitura la sala I de la CNCP, causa nº 5353, sent. del 27/09/2003, in re “Romero, Julio C.”  y, más recientemente, en causa nº 8237, sent. del 7/06/07 in re “Brizuela, Leonel Máximo y otros s/ recurso de casación”. También se ha expedido así la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sent. del 02/05/2003, causa nº 87/02, caratulada “C., N. G. s/ Homicidio simple en concurso real con hurto calamitoso” y, posteriormente en sent. del 09/12/2003, causa n° 75/03, caratulada “M., A. M. s/ Robo agravado por el resultado de muerte en concurso real con hurto”, en  http://eureka.juschubut.gov.ar/ResultTextComp.aspx y el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 14 de la Capital Federal, 10/06/2002,  Centurión, Alfredo G. Publicado en: El Derecho 27/06/2003, 6 – El Derecho 203, 98. Todavía más restrictivamente ver Conti (2006:123 y ss.).

[8] Tratado de Derecho Penal, Lerner, Córdoba, 1977, t. III, ps. 54/5.

 

[9] Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, David Baigun y Eugenio Raúl Zaffaroni (Dir.), Hammurabi, Buenos Aires, t. III, p. 282.

[10] Me valgo de la 22° edición del Diccionario de la Real Academia española.

[11] Ver “Gramática práctica” en Oceano Básico, Largenscheid Edicionales S.L., España,  1999.